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Debe tener valor un contrato que ampara una estafa?

 
¿DEBE TENER VALOR UN CONTRATO QUE AMPARA UNA ESTAFA? PARTICIPACIONES PREFERENTES NOVAGALICIA BANCO (NGB)
 
¿De qué vamos a hablar? Para explicar el producto financiero y entrar en materia, os comentaré que son valores de deuda emitidos por una sociedad, no son acciones ni depósitos con una rentabilidad fija, no confieren participación en el capital de dicha sociedad emisora ni derecho a voto; ofrecen un cobro de intereses pero condicionado a que la entidad financiera obtenga beneficios, por tanto la rentabilidad no está garantizada; por lo general son un producto perpetuo, sin plazo definido, que se puede vender pero al precio de su cotización y que no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, en caso de quiebra del banco.

Ley de Tasas Judiciales

 
 
Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la Ley de 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
 
 
Desde que la Ley 25/1986 de 24 de diciembre suprimiese las tasas judiciales en su totalidad, declarando la justicia como gratuita, el artículo 35 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, recuperaba una tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo que gravaba a las personas jurídicas de mayor entidad económica y empezaba un proceso ascendente que continuaría con la Ley de 3 de noviembre de 2009, complementaria de la reforma de la legislación procesal, que introdujo un depósito judicial para los recursos interpuestos contra las resoluciones judiciales y la Ley de 24 de marzo de 2011, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que extendió la tasa de la primera instancia para la práctica totalidad de los juicios civiles y se incorporó además a los procesos monitorios.

Joint Venture

 La expansión del comercio sin fronteras y la globalización de los mercados conlleva el surgimiento de nuevas relaciones jurídicas basadas en la voluntad de las partes y que en cierto modo, se desvinculan de los sistemas legales nacionales;
 Una de las formas de implantación de nuestra empresa en el mercado extranjero es el denominado contrato “Joint Venture”, que determina una cooperación empresarial para la realización de una determinada actividad, a través de un protocolo de intenciones y de confidencialidad (“memorandum of understanding”) y del propio contrato constitutivo de la “Joint Venture” que englobará frecuentemente un “pacto de socios” a modo de superar las insuficiencias del derecho corporativo de destino.

Dº de información de accionistas e intervención de inversores

 Planteo el derecho de información a los accionistas, en relación a la celebración de la junta ordinaria y la posible intervención de los inversores, en especial, recurriendo a las obligaciones convertibles en acciones.
 El derecho de información tiene en principio, un marcado carácter instrumental ya que, sin privar a ningún socio del contenido esencial que garantiza la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 197, éste puede ser ampliado o mejorado por vía estatutaria.

Derecho Energético

España tiene liberalizado el sector eléctrico desde el 1 de Enero de 2003, lo que permite al consumidor elegir al suministrador de energía a un precio libremente pactado, puede elegir también entre energías de menor impacto ambiental. En cuanto a la deuda tarifaria es la diferencia entre los ingresos regulados de las eléctricas y los costes de generación de la energía, es decir, la diferencia entre las tarifas de acceso a las redes, reguladas por la administración y que pagan los consumidores por sus suministros, y los costes reales asociados a dichas tarifas (primas del Régimen Especial 37%, distribución 30%, amortización déficit 12%, transporte 9%, gestión de la demanda de los grandes consumidores 3% y resto 9%).

Ley de Arrendamientos Urbanos

En el período que engloba la promulgación de la Lau de 1964 y la promulgación del “Decreto Boyer” en el 1985, el régimen de control de los alquileres era demasiado favorable a los inquilinos, como así lo denotan los derechos irrenunciables del inquilino, los derechos de tanteo y retracto, el carácter obligatorio de la prórroga forzosa para el arrendador y voluntario para el inquilino o el régimen de subrogaciones intervivos y mortis causa.
Posteriores intentos legislativos tratan de equilibrar los derechos y las garantías de los propietarios y de los inquilinos, así el RD 2/1985 (“Decreto Boyer”) introdujo la libertad para pactar la duración del contrato y suprimió el carácter obligatorio de la prórroga forzosa en su artículo 9.